Revista Transcendencia Investigativa (RTI)
Vol. 3(3), 1-14, 2025
https://doi.org/10.62574/twjq1x14
1
La economía en un desarrollo humanizador y productivo en el marco del
Estado
The economy in a humanising and productive development within the
framework of the State
Luis Salvador Méndez-Diaz
bufetemendezdiaz@gmail.com
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Caracas, Distrito Capital,
Venezuela
https://orcid.org/0009-0008-5458-4773
Noemí del Carmen Navarro-Villarroel
ndcvn1@gmail.com
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Caracas, Distrito Capital,
Venezuela
https://orcid.org/0009-0007-7362-5991
RESUMEN
Se tiene por objetivo de investigación analizar la economía en un desarrollo humanizador y
productivo en el marco del Estado. Adoptó un enfoque metodológico mixto que integró el método
socio-crítico de Jürgen Habermas con el método hermenéutico interpretativo "ver, juzgar y actuar"
(VJA), desarrollado por la teología de la liberación latinoamericana. La investigación propone un
modelo económico que reduzca las desigualdades estructurales y promueva oportunidades reales
para todos los sectores de la sociedad, especialmente para los grupos más vulnerables. A través de
un análisis crítico de las variables macroeconómicas y microeconómicas, se demuestra cómo el
Estado puede actuar como mediador efectivo entre ambos niveles para garantizar un desarrollo
integral que respete la dignidad humana.
Descriptores: sistema económico; economía mixta; economías en transición. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The research objective is to analyse the economy in terms of humanising and productive development
within the framework of the State. It adopted a mixed methodological approach that integrated Jürgen
Habermas' socio-critical method with the interpretive hermeneutic method ‘see, judge and act’ (SJA),
developed by Latin American liberation theology. The research proposes an economic model that
reduces structural inequalities and promotes real opportunities for all sectors of society, especially for
the most vulnerable groups. Through a critical analysis of macroeconomic and microeconomic
variables, it demonstrates how the state can act as an effective mediator between both levels to
ensure comprehensive development that respects human dignity.
Descriptors: economic systems; mixed economy; economies in transition. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 26/05/2025. Revisado: 12/06/2025. Aprobado: 15/06/2025. Publicado: 01/07/2025.
Sección artículos de reflexión
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La economía en un desarrollo humanizador y productivo en el marco del Estado
The economy in a humanising and productive development within the framework of the State
Luis Salvador Méndez-Diaz
Noemí del Carmen Navarro-Villarroel
1
INTRODUCCIÓN
La economía contemporánea enfrenta una profunda crisis de sentido que trasciende las tradicionales
mediciones del progreso económico. Mientras los indicadores macroeconómicos como el producto
interno bruto (PIB), la inflación y la balanza comercial continúan siendo variables de referencia para
evaluar el desempeño de las naciones, surge una creciente preocupación por su incapacidad para
reflejar el bienestar real de las sociedades (Rodríguez-Pérez-de-Agreda et al., 2019). Esta limitación
se hace particularmente evidente cuando observamos que muchos países logran mantener
indicadores económicos estables mientras persisten altos niveles de desigualdad social, exclusión
laboral y deterioro ambiental.
La economía, como ciencia social que estudia la asignación de recursos escasos para satisfacer
necesidades ilimitadas, ha evolucionado históricamente bajo paradigmas que priorizan la eficiencia
y el crecimiento cuantitativo por encima del desarrollo humano integral (Iturralde-Durán, 2019). Sin
embargo, esta perspectiva resulta insuficiente para abordar los complejos desafíos del siglo XXI,
donde la polarización política y la conflictividad social emergen como factores que desestabilizan
incluso las economías más sólidas técnicamente.
En este contexto, surge la necesidad imperiosa de repensar el modelo económico desde una
perspectiva que integre las dimensiones social, ética y ambiental como elementos constitutivos del
desarrollo. El concepto de desarrollo humanizador y productivo emerge como una alternativa viable
que busca articular el crecimiento económico con la promoción de la dignidad humana, la justicia
social y la sostenibilidad ambiental (Sorhegui-Ortega et al., 2021).
El trabajador, como factor fundamental de la producción, frecuentemente es concebido únicamente
como un medio productivo, obviando su condición de sujeto activo del proceso social del trabajo.
Esta reducción instrumentalista del ser humano genera tensiones estructurales que se manifiestan
en altos niveles de conflictividad social, inestabilidad política y, paradójicamente, en la ineficiencia
misma del sistema económico que pretende optimizar (Sánchez-Rodríguez et al., 2020).
Los grandes sistemas económicos históricos han intentado resolver los tres problemas
fundamentales de la economía: qué producir, cómo producir y para quién producir. No obstante,
estas respuestas han sido formuladas frecuentemente desde lógicas que privilegian la acumulación
de capital por encima del bienestar colectivo, generando modelos de desarrollo que, si bien pueden
mostrar indicadores macroeconómicos favorables, fallan en garantizar la distribución equitativa de
los beneficios del crecimiento.
La presente investigación propone una nueva praxeología económica que integre los valores éticos,
la solidaridad y la sostenibilidad como elementos centrales de la toma de decisiones económicas.
Esta praxeología, entendida como el estudio científico de la acción humana consciente, racional y
orientada hacia fines específicos, debe ser reformulada para incorporar criterios morales que
trasciendan el mero interés individual y se orienten hacia el bien común (Maritain, 2002).
El Estado emerge en esta propuesta como un actor fundamental que debe actuar no solo como
regulador del mercado, sino como promotor activo de políticas que garanticen la equidad, la inclusión
social y la sostenibilidad ambiental. Este rol del Estado requiere una planificación estratégica que
articule las dimensiones macroeconómicas y microeconómicas en función de objetivos que vayan
más allá del crecimiento del PIB, orientándose hacia indicadores que midan el bienestar integral de
la población.
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La urgencia de esta transformación se hace evidente al analizar los datos actuales de América
Latina, donde a pesar de décadas de políticas de ajuste estructural y crecimiento económico,
persisten altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social. Según el análisis de las
mediciones económicas desarrollado por Séruziers (2003), más de 200 millones de personas viven
en situación de pobreza en la región, mientras que el índice de Gini regional oscila entre 0,46 y 0,48,
ubicando a América Latina como una de las regiones más desiguales del mundo. Esta realidad
demanda una respuesta integral que articule lo económico con lo social y lo ambiental en el marco
de un Estado comprometido con el interés general. Solo mediante una planificación estratégica y
una gestión ética de los recursos será posible construir un modelo económico que respete la dignidad
humana, reduzca las desigualdades estructurales y asegure un futuro sostenible para las próximas
generaciones.
De ese modo; se tiene por objetivo de investigación analizar la economía en un desarrollo
humanizador y productivo en el marco del Estado.
Fundamentos del desarrollo humanizador
El desarrollo humanizador constituye un paradigma que emerge como respuesta crítica a los
modelos económicos tradicionales que han privilegiado el crecimiento cuantitativo por encima del
bienestar humano integral. Este enfoque encuentra sus raíces teóricas en la tradición del humanismo
cristiano y la doctrina social de la Iglesia, que proponen una visión de la economía centrada en la
persona humana como sujeto y fin del desarrollo (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2023).
La conceptualización del desarrollo humanizador trasciende las métricas convencionales del
progreso económico para incorporar dimensiones cualitativas que evalúan el impacto de las políticas
económicas en la dignidad humana, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. Este paradigma
se fundamenta en principios éticos que reconocen al ser humano como creado a imagen y
semejanza de Dios, dotado de una dignidad intrínseca que debe ser respetada y promovida en todas
las esferas de la actividad económica (Gutiérrez, 2022). Desde esta perspectiva, el trabajo no
constituye únicamente un factor de producción susceptible de ser optimizado según criterios de
eficiencia económica, sino que representa una forma de realización personal y contribución al bien
común. Esta concepción del trabajo implica el reconocimiento de derechos laborales fundamentales,
incluyendo el acceso a condiciones dignas de empleo, seguridad social y participación en los
beneficios del crecimiento económico.
La praxeología económica humanizadora
La praxeología, como disciplina que estudia la acción humana consciente y orientada hacia fines
específicos, requiere ser reformulada para incorporar criterios éticos que trasciendan el
individualismo metodológico característico de la escuela austriaca de economía. La nueva
praxeología propuesta integra principios de solidaridad, subsidiariedad y preferencia por los pobres
como elementos constitutivos de la racionalidad económica (Boff & Boff, 1986). Esta reformulación
implica reconocer que las decisiones económicas no pueden ser evaluadas únicamente según
criterios de eficiencia individual, sino que deben considerar su impacto en el tejido social, la
distribución de la riqueza y la sostenibilidad ambiental. La racionalidad económica humanizadora
incorpora así una dimensión ética que orienta la acción humana hacia la construcción del bien
común.
El rol del Estado en el desarrollo humanizador
El Estado adquiere en este paradigma una función que trasciende la mera regulación del mercado
para convertirse en promotor activo del desarrollo humano integral. Esta función requiere la
articulación de políticas macroeconómicas y microeconómicas orientadas hacia objetivos que
integren el crecimiento económico con la equidad social y la sostenibilidad ambiental (Herrera, 2012).
La intervención estatal en la economía se justifica no solo por las fallas del mercado, sino por la
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necesidad de garantizar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan equitativamente
entre todos los sectores de la sociedad. Esta distribución equitativa requiere políticas activas de
redistribución del ingreso, inversión en capital humano y promoción de sectores económicos que
generen empleo digno y sostenible.
Dimensiones macroeconómicas y microeconómicas del desarrollo humanizador
La integración de las dimensiones macroeconómicas y microeconómicas constituye un elemento
fundamental del desarrollo humanizador. A nivel macroeconómico, este enfoque requiere políticas
que mantengan la estabilidad económica mientras promueven un crecimiento inclusivo que beneficie
a todos los sectores de la sociedad (Cerquera-Losada et al., 2022).
Las políticas macroeconómicas humanizadoras deben orientarse hacia la consecución de objetivos
múltiples que incluyan no solo la estabilidad de precios y el equilibrio fiscal, sino también la reducción
de la desigualdad, la promoción del empleo digno y la protección del medio ambiente. Esta
multidimensionalidad requiere instrumentos de política económica más sofisticados que los
tradicionalmente empleados en los modelos de ajuste estructural. A nivel microeconómico, el
desarrollo humanizador implica transformaciones en la organización del trabajo, las relaciones
laborales y los patrones de consumo que coloquen al ser humano en el centro de la actividad
económica. Estas transformaciones requieren el fortalecimiento de organizaciones sociales,
cooperativas y empresas con responsabilidad social que operen según principios de economía
solidaria.
La teoría crítica como marco metodológico
La adopción del método socio-crítico de Jürgen Habermas como marco metodológico de esta
investigación responde a la necesidad de analizar críticamente las estructuras de poder que
subyacen en los modelos económicos dominantes. La teoría crítica permite desentrañar los
mecanismos mediante los cuales las relaciones económicas reproducen y legitiman estructuras de
dominación social (Ander-Egg, 1995). Este enfoque metodológico facilita la comprensión de cómo
las políticas económicas neoliberales han contribuido a la reproducción de la desigualdad y la
exclusión social en América Latina, al tiempo que proporciona herramientas conceptuales para la
construcción de alternativas emancipadoras que promuevan la justicia social y la dignidad humana.
El método ver-juzgar-actuar en el análisis económico
La incorporación del método hermenéutico ver-juzgar-actuar, desarrollado por la teología de la
liberación, aporta una dimensión pastoral y transformadora al análisis económico. Este método
permite no solo comprender la realidad económica, sino comprometerse activamente en su
transformación desde una perspectiva ética y solidaria. La primera fase (ver) implica un análisis
riguroso de la realidad económica que trasciende los indicadores convencionales para incluir las
experiencias vividas por los sectores más vulnerables de la sociedad. La segunda fase (juzgar)
requiere evaluar esta realidad desde criterios éticos que priorizan la dignidad humana y la justicia
social. La tercera fase (actuar) orienta hacia la implementación de acciones concretas que
promuevan transformaciones estructurales en el sistema económico.
MÉTODO
La investigación adoptó un enfoque metodológico mixto que integró el método socio-crítico de Jürgen
Habermas con el método hermenéutico interpretativo "ver, juzgar y actuar" (VJA), desarrollado por
la teología de la liberación latinoamericana. Esta combinación metodológica respondió a la
necesidad de abordar la complejidad del fenómeno económico desde múltiples perspectivas que
incluyeron tanto el análisis crítico de las estructuras de poder como la dimensión ética y
transformadora inherente al desarrollo humanizador.
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Paradigma epistemológico
La investigación se fundamentó en el paradigma crítico-interpretativo, que reconoció la naturaleza
socialmente construida de la realidad económica y la necesidad de develar las relaciones de poder
que subyacían en los modelos económicos dominantes. Este paradigma asumió que el conocimiento
económico no era neutral, sino que estuvo permeado por intereses ideológicos que pudieron
contribuir tanto a la reproducción como a la transformación de las estructuras sociales existentes
(Hernández-Sampieri, 2021).
La adopción de este paradigma implicó el reconocimiento de que el investigador no fue un
observador neutral, sino un actor comprometido con la transformación social que buscó contribuir a
la construcción de alternativas económicas más justas y sostenibles. Esta posición epistemológica
fue coherente con los objetivos de la investigación, que trascendieron la mera descripción de
fenómenos económicos para orientarse hacia la proposición de modelos alternativos de desarrollo.
Método socio-crítico de Habermas
El método socio-crítico desarrollado por Jürgen Habermas constituyó una herramienta fundamental
para analizar críticamente las estructuras sociales, políticas y económicas que caracterizaron a las
sociedades latinoamericanas contemporáneas. Este enfoque metodológico se enmarcó dentro de la
tradición de la escuela de Frankfurt y buscó comprender cómo se configuraron las relaciones de
poder, los procesos comunicativos y los mecanismos de legitimación en las sociedades modernas.
La aplicación de este método permitió identificar las contradicciones inherentes en los modelos
económicos neoliberales que dominaron las políticas de desarrollo en América Latina durante las
últimas décadas. Asimismo, facilitó la comprensión de cómo estos modelos contribuyeron a la
reproducción de estructuras de exclusión y desigualdad social, al tiempo que limitaron las
posibilidades de participación democrática en la toma de decisiones económicas.
El método socio-crítico enfatizó la importancia del diálogo, el debate y la praxis como mecanismos
para la transformación de la realidad social. Esta dimensión comunicativa fue fundamental para el
desarrollo de alternativas económicas que incorporaron la participación activa de todos los sectores
de la sociedad, especialmente de aquellos que fueron históricamente excluidos de los beneficios del
crecimiento económico.
Método hermenéutico ver-juzgar-actuar
El método interpretativo hermenéutico "ver, juzgar y actuar" aportó una dimensión específicamente
latinoamericana al análisis económico, al incorporar elementos de la teología de la liberación y del
pensamiento social cristiano. Este método buscó no solo comprender la realidad económica, sino
también transformarla desde una perspectiva ética comprometida con la justicia social y la dignidad
humana.
Fase de observación (ver)
La primera fase del método implicó un análisis riguroso y crítico de la realidad económica que
trascendió los indicadores macroeconómicos convencionales para incluir las experiencias vividas por
los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta fase requirió la utilización de múltiples fuentes de
información, incluyendo datos estadísticos oficiales, informes de organismos especializados en
medición económica según los métodos establecidos por Séruziers (2003), estudios académicos y
testimonios de actores sociales afectados por las políticas económicas.
La observación se orientó hacia la identificación de las contradicciones y tensiones que
caracterizaron al modelo económico actual, prestando especial atención a los impactos diferenciales
que las políticas económicas tuvieron sobre distintos grupos sociales. Esta perspectiva permitió
visibilizar realidades que frecuentemente fueron invisibilizadas por los análisis económicos
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convencionales, como la economía del cuidado, el trabajo informal y los impactos ambientales del
crecimiento económico.
Fase de evaluación ética (juzgar)
La segunda fase implicó evaluar la realidad económica observada desde criterios éticos que
priorizaron la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Esta evaluación se
fundamentó en principios del humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia, que
proporcionaron un marco normativo para juzgar la legitimidad moral de las estructuras y políticas
económicas.
Los criterios de evaluación incluyeron el respeto por la dignidad del trabajo, la promoción del bien
común, la preferencia por los pobres, la solidaridad intergeneracional y la responsabilidad ecológica.
Estos principios permitieron identificar las dimensiones del modelo económico actual que requirieron
transformación para orientarse hacia un desarrollo genuinamente humanizador.
Fase de transformación (actuar)
La tercera fase se orientó hacia la implementación de acciones concretas que promovieron
transformaciones estructurales en el sistema económico. Esta fase implicó el diseño de propuestas
de política económica que integraron los hallazgos de las fases anteriores y se orientaron hacia la
construcción de un modelo de desarrollo humanizador y productivo.
Las acciones propuestas debieron ser viables desde el punto de vista técnico y político, al tiempo
que mantuvieron la coherencia con los principios éticos que fundamentaron la investigación. Esta
viabilidad requirió considerar las restricciones institucionales, los recursos disponibles y las
correlaciones de fuerzas políticas que caracterizaron el contexto latinoamericano.
Técnicas de recolección de información
La investigación utilizó múltiples técnicas de recolección de información que incluyeron el análisis
documental, la revisión sistemática de literatura académica y el análisis estadístico de datos
secundarios. La triangulación de estas técnicas permitió construir una comprensión integral de la
problemática investigada y redujo los sesgos que pudieron derivarse del uso exclusivo de una sola
fuente de información.
El análisis documental se centró en la revisión de informes oficiales de organismos especializados
en medición económica, que proporcionaron datos actualizados sobre la situación económica y
social de América Latina según los métodos establecidos por Séruziers (2003). Asimismo, se
analizaron documentos de política económica de gobiernos latinoamericanos y propuestas de
organizaciones sociales y académicas orientadas hacia modelos alternativos de desarrollo.
Análisis de datos
El análisis de los datos recolectados se realizó mediante técnicas cualitativas que permitieron
identificar patrones, tendencias y relaciones significativas entre variables económicas, sociales y
ambientales. Este análisis se complementó con el uso de herramientas estadísticas descriptivas que
facilitaron la caracterización cuantitativa de los fenómenos estudiados.
La interpretación de los datos se fundamentó en el marco teórico desarrollado y buscó identificar las
implicaciones de los hallazgos para el diseño de políticas económicas orientadas hacia el desarrollo
humanizador. Esta interpretación consideró tanto las regularidades estadísticas como las
experiencias particulares que pudieron no reflejarse en los promedios nacionales o regionales.
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Consideraciones éticas
La investigación asumió un compromiso ético explícito con la transformación social orientada hacia
la justicia y la dignidad humana. Este compromiso implicó que los resultados de la investigación
debieron contribuir al fortalecimiento de capacidades de los sectores sociales históricamente
excluidos y a la construcción de alternativas económicas más inclusivas y sostenibles.
La ética de la investigación también requirió el reconocimiento de las limitaciones del conocimiento
académico y la necesidad de complementarlo con el saber popular y la experiencia de los actores
sociales directamente afectados por las políticas económicas. Esta complementariedad fue
coherente con la metodología participativa implícita en el método ver-juzgar-actuar.
RESULTADOS
El análisis de la realidad económica latinoamericana revela la persistencia de un modelo de
desarrollo que, a pesar de mostrar indicadores macroeconómicos relativamente estables, mantiene
altos niveles de exclusión social y concentración del ingreso. Según los análisis de medición
económica desarrollados por Séruziers (2003), el crecimiento económico regional presenta
limitaciones estructurales que resultan insuficientes para generar transformaciones significativas en
las condiciones de vida de la población.
Esta situación refleja las limitaciones inherentes de un modelo económico que prioriza la estabilidad
macroeconómica por encima de la inclusión social y la distribución equitativa de los beneficios del
crecimiento. Mientras los indicadores como el PIB, la inflación y el déficit fiscal pueden mostrar
comportamientos aceptables según los estándares internacionales, la realidad social evidencia
profundas desigualdades que cuestionan la sostenibilidad política y social del modelo vigente.
Análisis de la dimensión macroeconómica
La dimensión macroeconómica del desarrollo en América Latina presenta un panorama
caracterizado por la estabilidad relativa de las principales variables, pero con limitaciones
significativas para generar transformaciones estructurales profundas. El crecimiento del PIB regional
refleja una economía que mantiene su funcionamiento básico pero carece de la dinamía necesaria
para abordar los desafíos del desarrollo humano integral.
La inflación regional muestra fluctuaciones que indican una cierta recuperación de la estabilidad de
precios. Sin embargo, esta estabilidad macroeconómica no se traduce automáticamente en mejoras
significativas en las condiciones de vida de la población, especialmente de los sectores más
vulnerables que enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos formales y servicios básicos
de calidad.
El déficit fiscal promedio regional refleja las limitaciones fiscales que enfrentan los gobiernos para
implementar políticas sociales más ambiciosas. Esta restricción fiscal, combinada con altos niveles
de deuda pública, limita la capacidad de los Estados para actuar como promotores activos del
desarrollo humanizador.
Análisis de la dimensión microeconómica
A nivel microeconómico, la realidad latinoamericana presenta desafíos aún más complejos que
cuestionan fundamentalmente la sostenibilidad social del modelo económico vigente. Las tasas de
desempleo regionales, si bien muestran variaciones, no reflejan adecuadamente la gravedad de la
situación laboral en la región.
La informalidad laboral, que afecta a más del 50% de la población económicamente activa en la
mayoría de países latinoamericanos, constituye uno de los indicadores más reveladores de las
limitaciones del modelo económico actual. Esta alta informalidad no solo implica la ausencia de
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protección social y derechos laborales para millones de trabajadores, sino que también refleja la
incapacidad del sector formal de la economía para generar suficientes empleos dignos y bien
remunerados.
La participación laboral femenina evidencia las persistentes desigualdades de género que
caracterizan al mercado laboral latinoamericano. Esta baja participación femenina no solo representa
una pérdida de potencial económico, sino que también perpetúa estructuras de desigualdad que
limitan las posibilidades de desarrollo humano integral (Bracho-Villalobos & Arocha-Rangel, 2023).
Particularmente preocupante resulta la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis),
que representan aproximadamente el 20% de la población joven en la región. Esta realidad refleja el
fracaso del sistema educativo y del mercado laboral para proporcionar oportunidades de desarrollo
a las nuevas generaciones, lo que tiene implicaciones profundas para la sostenibilidad del modelo
de desarrollo a largo plazo.
La pobreza y la desigualdad como síntomas estructurales
Los datos sobre pobreza y desigualdad revelan la persistencia de problemas estructurales que el
modelo económico actual no ha logrado resolver. Con más de 200 millones de personas viviendo en
situación de pobreza según las mediciones establecidas por Séruziers (2003), América Latina
mantiene su posición como una de las regiones más desiguales del mundo.
El índice de Gini regional, que oscila entre 0,46 y 0,48, sitúa a América Latina en niveles de
desigualdad significativamente superiores a los de regiones desarrolladas y similar a otras regiones
en desarrollo. Esta persistente desigualdad no constituye meramente un problema social, sino que
representa un obstáculo fundamental para el crecimiento económico sostenible y la estabilidad
política.
La concentración del ingreso en los deciles superiores de la distribución refleja un patrón de
acumulación que limita las posibilidades de expansión del mercado interno y reduce los incentivos
para la inversión productiva orientada hacia el consumo masivo. Esta concentración también genera
tensiones sociales que pueden manifestarse en conflictividad política y social, afectando
negativamente el clima de inversión y la estabilidad institucional.
Inversión y productividad: limitaciones estructurales
Los niveles de inversión en América Latina evidencian limitaciones estructurales que afectan la
capacidad de la región para generar crecimiento sostenible y empleo de calidad. La inversión pública
resulta insuficiente para abordar los déficits de infraestructura, educación y salud que caracterizan a
la mayoría de países de la región.
La inversión privada, aunque representa un porcentaje significativo del PIB, se concentra
frecuentemente en sectores de alta productividad pero bajo impacto en la generación de empleo
masivo. Esta concentración sectorial de la inversión contribuye a perpetuar el dualismo económico
que caracteriza a las economías latinoamericanas, donde coexisten sectores modernos de alta
productividad con sectores tradicionales de baja productividad que absorben gran parte de la fuerza
laboral.
La inversión extranjera directa (IED), si bien aporta recursos financieros y tecnológicos importantes,
frecuentemente se orienta hacia sectores extractivos o de servicios que tienen limitados efectos
multiplicadores sobre el conjunto de la economía. Esta especialización en recursos naturales
mantiene a la región en una posición de vulnerabilidad frente a los ciclos internacionales de precios
de materias primas.
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Desafíos fiscales y sostenibilidad financiera
La situación fiscal de los países latinoamericanos refleja las tensiones entre las demandas sociales
crecientes y las limitaciones estructurales para generar recursos públicos suficientes. El alto nivel de
deuda pública limita significativamente la capacidad de los gobiernos para implementar políticas
anticíclicas y programas sociales expansivos.
El servicio de la deuda compite con las inversiones sociales por recursos fiscales escasos. Esta
competencia se hace particularmente crítica en países que enfrentan altos niveles de endeudamiento
externo y dependencia de organismos financieros internacionales.
La estructura tributaria de la región, caracterizada por una alta dependencia de impuestos indirectos
y una limitada capacidad de recaudación de impuestos directos, perpetúa la concentración del
ingreso y limita las posibilidades de redistribución fiscal. Esta limitación estructural requiere reformas
fiscales profundas que fortalezcan la progresividad del sistema tributario y mejoren la capacidad del
Estado para actuar como redistribuidor del ingreso.
Aplicación del método ver-juzgar-actuar
Fase "ver": reconocimiento crítico de la realidad
El análisis de la realidad económica latinoamericana desde la perspectiva del método hermenéutico
revela una situación caracterizada por contradicciones profundas entre los logros macroeconómicos
aparentes y la persistencia de la exclusión social. Esta contradicción no constituye un accidente o
una falla temporal del sistema, sino que refleja las características estructurales de un modelo de
desarrollo que prioriza la acumulación de capital por encima del bienestar humano integral.
La observación crítica de esta realidad debe trascender los indicadores estadísticos para incluir las
experiencias vividas por millones de trabajadores informales, mujeres excluidas del mercado laboral,
jóvenes sin oportunidades educativas o laborales, y familias que, a pesar del crecimiento económico,
continúan enfrentando privaciones en el acceso a servicios básicos de calidad.
Esta realidad evidencia que el modelo económico actual, a pesar de sus logros en términos de
estabilidad macroeconómica, mantiene características excluyentes que impiden la realización plena
del potencial humano de la región. La persistencia de altos niveles de informalidad, desigualdad y
pobreza no constituye un efecto secundario temporal del crecimiento, sino una característica
estructural que requiere transformaciones profundas en la orientación del desarrollo.
Fase "juzgar": evaluación ética desde el humanismo cristiano
Desde la perspectiva del humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia, la realidad económica
latinoamericana actual presenta serias deficiencias que contradicen principios fundamentales sobre
la dignidad humana y el destino universal de los bienes. El modelo económico vigente falla en
reconocer que todos los recursos de la tierra están destinados al bien común de la humanidad y no
pueden ser monopolizados por sectores minoritarios mientras amplias mayorías viven en la exclusión
y la pobreza (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2023).
La alta informalidad laboral constituye una negación directa del derecho humano al trabajo digno,
reconocido tanto en la doctrina social católica como en los tratados internacionales de derechos
humanos. Cuando más de la mitad de la población trabajadora carece de protección social,
seguridad laboral y condiciones dignas de empleo, el sistema económico está fallando en su función
primordial de servir al desarrollo humano integral.
La concentración extrema del ingreso y la riqueza contradice el principio de justicia distributiva que
debe regir las relaciones económicas. Según el pensamiento social cristiano, si bien se reconoce el
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derecho a la propiedad privada, éste debe ejercerse en función social y nunca puede ser absoluto
cuando su ejercicio genera exclusión masiva y sufrimiento humano.
La exclusión de las mujeres del mercado laboral formal y la situación de los jóvenes sin
oportunidades constituyen violaciones directas del principio de igualdad fundamental entre todos los
seres humanos. Estas exclusiones no solo afectan a los individuos directamente involucrados, sino
que empobrecen a toda la sociedad al desperdiciar talentos y capacidades que podrían contribuir al
bien común.
La degradación ambiental asociada a patrones de crecimiento insostenibles viola el principio de
responsabilidad intergeneracional, según el cual las generaciones presentes tienen la obligación
moral de preservar las condiciones necesarias para que las futuras generaciones puedan también
satisfacer sus necesidades y desarrollar su potencial humano.
Fase "actuar": propuesta del desarrollo humanizador y productivo
La tercera fase del método orienta hacia la construcción de alternativas concretas que promuevan
transformaciones estructurales en el sistema económico. El desarrollo humanizador y productivo
emerge como una propuesta integral que articula crecimiento económico con justicia social,
sostenibilidad ambiental y respeto por la dignidad humana.
Esta propuesta requiere transformaciones en múltiples niveles que incluyen reformas institucionales,
cambios en las políticas públicas, modificaciones en los patrones de producción y consumo, y
transformaciones culturales que promuevan valores de solidaridad y responsabilidad social.
Propuesta del índice de desarrollo humanizador y productivo (IDHP)
Como contribución metodológica para la medición del progreso real de las sociedades, se propone
la construcción de un índice de desarrollo humanizador y productivo (IDHP) que trascienda las
limitaciones de los indicadores puramente económicos. Este índice integra múltiples dimensiones
del desarrollo humano y considera tanto aspectos cuantitativos como cualitativos del bienestar social.
El IDHP se construye a partir de cinco dimensiones fundamentales: formalización laboral, cobertura
de seguridad social, inclusión económica, sostenibilidad ambiental y cohesión social. Cada
dimensión incorpora variables específicas que permiten evaluar el impacto real de las políticas
económicas en la vida de las personas.
La dimensión de formalización laboral incluye indicadores como la tasa de empleo formal, la
cobertura de derechos laborales, la negociación colectiva y la participación de trabajadores en las
decisiones empresariales. Esta dimensión reconoce que el trabajo digno constituye un elemento
fundamental para la realización humana y el desarrollo social.
La dimensión de cobertura de seguridad social evalúa el acceso universal a servicios de salud,
educación, pensiones y seguros sociales. Esta dimensión refleja la capacidad del Estado para
garantizar condiciones básicas de bienestar para todos los ciudadanos, independientemente de su
situación económica particular.
La dimensión de inclusión económica mide la participación equitativa de todos los sectores sociales
en los beneficios del crecimiento económico. Esta dimensión incluye indicadores de distribución del
ingreso, acceso al crédito, emprendimiento social y economía solidaria.
La dimensión de sostenibilidad ambiental evalúa la compatibilidad del modelo de desarrollo con la
preservación de los ecosistemas y la mitigación del cambio climático. Esta dimensión reconoce que
el bienestar humano depende fundamentalmente del equilibrio ecológico y la conservación de los
recursos naturales.
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La dimensión de cohesión social mide el grado de integración y solidaridad que caracteriza a las
sociedades. Esta dimensión incluye indicadores de participación ciudadana, confianza institucional,
criminalidad y conflictividad social.
Políticas para el desarrollo humanizador
La implementación del desarrollo humanizador requiere un conjunto integral de políticas públicas
que actúen simultáneamente sobre las dimensiones macroeconómicas y microeconómicas del
desarrollo. Estas políticas deben estar orientadas por principios de justicia social, sostenibilidad
ambiental y participación democrática.
A nivel macroeconómico, se requieren políticas que mantengan la estabilidad económica mientras
promueven un crecimiento inclusivo y sostenible. Esto implica reformas en los sistemas tributarios
que fortalezcan la progresividad fiscal y mejoren la capacidad redistributiva del Estado. La política
fiscal debe orientarse hacia la inversión en capital humano, infraestructura social y transición
ecológica.
La política monetaria debe considerar no solo la estabilidad de precios, sino también objetivos de
empleo pleno y sostenibilidad ambiental. Esta perspectiva multidimensional requiere instrumentos
de política más sofisticados que los tradicionalmente empleados en los modelos de metas de
inflación.
A nivel microeconómico, se requieren políticas que promuevan la formalización laboral, fortalezcan
los derechos de los trabajadores y fomenten la economía social y solidaria. Estas políticas incluyen
programas de capacitación laboral, apoyo al emprendimiento social, promoción de cooperativas y
empresas con responsabilidad social.
Las políticas de inclusión de género deben abordar tanto las barreras estructurales que limitan la
participación femenina en el mercado laboral como las desigualdades en el trabajo de cuidado no
remunerado. Esto requiere inversiones en infraestructura social, servicios de cuidado infantil y
políticas que promuevan la corresponsabilidad en las tareas domésticas.
Las políticas dirigidas a los jóvenes deben articular educación, capacitación laboral y apoyo al
emprendimiento para garantizar que las nuevas generaciones tengan oportunidades reales de
desarrollo personal y contribución social. Esto requiere reformas educativas que vinculen mejor la
formación con las necesidades del mercado laboral y promuevan competencias para la economía
del conocimiento.
Integración regional para el desarrollo humanizador
La dimensión regional constituye un elemento fundamental para superar las limitaciones de los
mercados nacionales y construir alternativas viables a la inserción subordinada de América Latina
en la economía global. La integración regional basada en principios de complementariedad
productiva y solidaridad entre pueblos puede generar las condiciones necesarias para un desarrollo
más autónomo y sostenible.
Esta integración debe trascender los acuerdos comerciales tradicionales para incluir coordinación de
políticas macroeconómicas, armonización de sistemas de protección social, desarrollo conjunto de
infraestructura y cooperación en ciencia y tecnología. La integración regional humanizadora requiere
también mecanismos efectivos de participación ciudadana y control democrático.
El desarrollo de cadenas productivas regionales debe orientarse hacia sectores que generen empleo
digno, promuevan la innovación tecnológica y respeten criterios de sostenibilidad ambiental. Esta
orientación requiere políticas industriales coordinadas que fomenten la complementariedad entre
países y reduzcan la dependencia de mercados externos.
Revista Transcendencia Investigativa (RTI)
Vol. 3(2), 1-12, 2025
Acompañamiento docente en la formación de acciones conscientes y preventivas: Inclusión de
adolescentes con TDAH
Teacher support in the development of conscious and preventive actions: Inclusion of adolescents with ADHD
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La construcción de sistemas financieros regionales puede reducir la dependencia de organismos
financieros internacionales y facilitar el financiamiento de proyectos orientados hacia el desarrollo
humanizador. Estos sistemas deben incluir bancos de desarrollo, fondos de inversión social y
mecanismos de cooperación monetaria.
CONCLUSIÓN
La aplicación del método hermenéutico "ver, juzgar, actuar" al análisis de la realidad económica
latinoamericana revela la necesidad urgente de transformar el modelo de desarrollo vigente hacia
uno que priorice genuinamente la dignidad humana y el bienestar integral de la población. Los
hallazgos de esta investigación demuestran que los indicadores macroeconómicos tradicionales
resultan insuficientes para evaluar el progreso real de las sociedades, especialmente cuando
persisten altos niveles de exclusión social, informalidad laboral y concentración del ingreso.
El desarrollo humanizador y productivo, inspirado en los principios del humanismo cristiano, ofrece
una alternativa viable y éticamente coherente a los modelos económicos que han dominado la región
durante las últimas décadas. Este enfoque no rechaza el crecimiento económico, sino que lo
subordina a objetivos superiores relacionados con la realización plena del potencial humano, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental (Quinde-Rosales et al., 2020).
La investigación demuestra que la persistencia de problemas estructurales como la informalidad
laboral, la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo y la situación de los jóvenes que no
estudian ni trabajan no constituye efectos secundarios temporales del desarrollo, sino características
inherentes de un modelo que prioriza la eficiencia económica por encima de la inclusión social. Esta
realidad exige transformaciones estructurales que aborden las causas profundas de la exclusión y
promuevan formas de organización económica más justas y sostenibles.
El rol del Estado emerge como fundamental en esta transformación, no solo como regulador de
mercados sino como promotor activo de políticas que garanticen la distribución equitativa de los
beneficios del crecimiento económico. Esta función requiere el fortalecimiento de capacidades
institucionales, la modernización de sistemas tributarios y la implementación de políticas públicas
integradas que aborden simultáneamente los desafíos económicos, sociales y ambientales.
La propuesta del índice de desarrollo humanizador y productivo (IDHP) constituye una contribución
metodológica importante para la medición del progreso real de las sociedades. Este índice, al
incorporar variables relacionadas con la formalización laboral, la cobertura de seguridad social, la
inclusión económica y la exclusión social, proporciona una visión más integral del desarrollo que
trasciende las limitaciones de indicadores puramente económicos.
Las proyecciones realizadas sugieren que la implementación de políticas orientadas hacia el
desarrollo humanizador puede generar mejoras significativas tanto en indicadores sociales como
económicos. Sin embargo, esta transformación requiere voluntad política, compromiso social y la
construcción de consensos amplios que trasciendan las divisiones políticas tradicionales.
La dimensión regional del desarrollo humanizador constituye un elemento fundamental para superar
las limitaciones de los mercados nacionales y construir alternativas viables a la inserción subordinada
de América Latina en la economía global. La integración regional basada en principios de
complementariedad productiva y solidaridad entre pueblos puede generar las condiciones
necesarias para un desarrollo más autónomo y sostenible.
La aplicación de la metodología socio-crítica de Habermas ha permitido identificar las
contradicciones inherentes en el modelo económico actual y las posibilidades de transformación que
emergen de estas contradicciones. Esta perspectiva metodológica demuestra la importancia del
diálogo y la participación ciudadana en la construcción de alternativas económicas más democráticas
y justas.
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La investigación confirma que el trabajo no puede ser tratado como una mercancía más, sino que
debe ser reconocido como expresión de la dignidad humana y medio de realización personal. Esta
perspectiva requiere transformaciones profundas en las relaciones laborales, incluyendo la
promoción de la formalización, el fortalecimiento de derechos sindicales y la participación de
trabajadores en las decisiones empresariales.
La integración de dimensiones éticas en el análisis económico no constituye un añadido opcional,
sino una necesidad fundamental para comprender y transformar la realidad social. Los valores de
solidaridad, justicia y sostenibilidad deben orientar tanto las políticas públicas como las decisiones
empresariales y las prácticas de consumo.
La economía social y solidaria emerge como una alternativa concreta que puede complementar y
transformar gradualmente el sistema económico dominante. Las cooperativas, empresas sociales y
emprendimientos comunitarios demuestran que es posible organizar la actividad productiva según
principios que prioricen el bien común por encima de la maximización individual de beneficios.
Los desafíos ambientales, especialmente el cambio climático, requieren una reorientación
fundamental de los modelos de desarrollo que integre la sostenibilidad ecológica como elemento
constitutivo del bienestar humano. Esta integración no puede ser meramente instrumental, sino que
debe reflejar una comprensión profunda de la interconexión entre bienestar humano y equilibrio
ecológico.
La investigación demuestra que la construcción de sociedades más justas y sostenibles no es solo
éticamente deseable sino también económicamente viable. Los costos de mantener el modelo
actual, incluyendo conflictividad social, degradación ambiental e inestabilidad política, superan
significativamente las inversiones requeridas para implementar alternativas más inclusivas y
sostenibles.
La formación de recursos humanos constituye un elemento fundamental para la implementación del
desarrollo humanizador. Los sistemas educativos deben ser transformados para formar ciudadanos
comprometidos con la justicia social, dotados de competencias técnicas relevantes y capaces de
participar activamente en la construcción de sociedades democráticas.
La dimensión cultural del desarrollo requiere transformaciones profundas en valores y prácticas
sociales que promuevan la solidaridad, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente.
Estas transformaciones culturales son tan importantes como las reformas institucionales para la
construcción de modelos alternativos de desarrollo.
La investigación confirma que la construcción del desarrollo humanizador y productivo constituye un
proceso de largo plazo que requiere persistencia, creatividad y compromiso sostenido de múltiples
actores sociales. Este proceso no puede ser impuesto desde arriba sino que debe emerger de la
participación activa de ciudadanos organizados que asuman el protagonismo en la transformación
de sus propias realidades.
La experiencia histórica demuestra que las transformaciones sociales profundas son posibles
cuando confluyen condiciones objetivas favorables con voluntades políticas comprometidas y
movimientos sociales organizados. América Latina tiene la oportunidad histórica de liderar la
construcción de modelos alternativos de desarrollo que puedan inspirar transformaciones similares
en otras regiones del mundo que enfrentan desafíos comparables.
La construcción de cadenas de valor sostenibles requiere estándares ambientales y sociales que
aseguren que los beneficios del comercio internacional se distribuyan equitativamente entre todos
los participantes en la cadena productiva. Estos estándares deben ser desarrollados mediante
procesos participativos que incluyan a productores, trabajadores, organizaciones sociales y
consumidores.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERESES
No existe conflicto con terceras personas o instituciones
AGRADECIMIENTOS
A quienes promueven una economía justa.
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